EDITORIAL

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La muerte de un jornalero en Empalme desnuda, una vez más, las deficiencias de un sistema de salud generoso en algunas ocasiones y cruel en otros eventos que resultan fatales.

Pero también exhibe las lastimosas formas en las que trabajan miles de campesinos de los estados más pobres del país que llegan al valle en búsqueda de mejores oportunidades y encuentran trabajo, sí, pero mal pagado y sin las prestaciones de Ley.

 

El hecho de que el jornalero fuese paciente frecuente del Centro de Salud de La Atravesada indica que no tenía seguridad social o, en su defecto, que no podía acceder al servicio del IMSS.

Por eso acudía por auxilio a un espacio médico carente de todo, hasta de la sensibilidad obligatoria de los trabajadores de la salud que mejor arrojan a sus enfermos a cualquier otra instancia, que asumir la responsabilidad de su atención.

Esos problemas en el valle no son novedad, ni van a terminar satanizando a un médico malo porque, si bien se dice que negó la atención a un moribundo, el sistema de salud es el menos indicado para enjuiciarlo por las limitaciones en las que trabajaba.

Cómo cuestionar a un trabajador de la salud si la Secretaría mantiene en el olvido los centros de las zonas rurales, donde no se cuenta ni con las herramientas básicas ni con el recurso para operar.

Empero, por encima de un sistema de salud deficiente, está la ilegalidad de dejar en el desamparo a un jornalero que, se supone, pertenecía a un campo agrícola.

Al empresario que lo contrató nadie le pide cuentas porque los encargados de hacerlo hacen de cuenta que el valle de Guaymas y Empalme no existe, permitiendo abusos y explotación.

Y mientras la Secretaría del Trabajo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el IMSS y otras instancias persiguen a las empresas de la zona urbana, allá en algunos campos la seguridad es mínima, los empleados sin seguro abundan y los que no están en nómina oficial también.

De eso no se da cuenta nadie, por eso la muerte del jornalero, además de mover a las comisiones de arbitraje médico, debieran representar un cambio en la aplicación de la Ley.

Que los responsables de garantizar el cumplimiento en las prestaciones laborales se hagan presentes en todos los ranchos, empaques y siembras del valle para detectar irregularidades y terminar de una buena vez con los abusos que derivan en muertes.

 

La justicia pudiera empezar con el caso del jornalero, si se confirma que pertenecía a alguna empresa, la familia merece una indemnización para sentar un precedente de responsabilidad y para recordarles a los trabajadores del campo que no son ciudadanos de segunda y merecen acceder a trabajo digno y servicios de calidad que no pongan en riesgo su vida.

 

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