EDITORIAL

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Con más culpa que morbo, la sociedad mexicana debiera enfrentar el tema de “El Ponchis”, el niño sicario cuya historia estremeció al país por la crudeza de los homicidios y la triste vida de quien no ha tenido nada más que drogas y armas.

El caso cimbró las conciencias de México y de Estados Unidos, porque Edgar, de 14 años tiene dos nacionalidades, luego de ser acogido por su abuela, meses después de nacer.

 

Se supone  que la corte americana convirtió casi en heroína a la abuela del Ponchis, porque llegó a San Diego para recibir la custodia y hacerse cargo de seis nietos, entre ellos el niño sicario.

La decisión fue tomada después de que Edgar naciera con cocaína en la sangre, ya que sus padres se encontraban recluidos por adicción y posesión de drogas.

El acuerdo en la Corte de San Diego era que el gobierno estadunidense enviaría apoyo económico mensual a la abuela,  para ayudar con la crianza de los seis pequeños. Una vez repatriados llevarían una vida normal, la de una familia de su condición económica.

La abuela Carmen murió en 2004 y entonces se presume que este niño se involucró con la delincuencia organizada y decidió dejar los juguetes para tomar las armas.

Esta historia como muchos niños mexicanos está marcada por la marginación, por el abandono y es ahí en donde entra la responsabilidad directa de gobierno y sociedad para el rescate de vidas que se truncan porque nadie las saca de su entorno violento.

Porque antes de que el narcotráfico sumara entre sus filas a Edgar, el pequeño estuvo en manos de autoridades asistenciales en México, luego en la Corte de Estados Unidos y encima, se dice que era monitoreado constantemente para verificar su estado.

Obviamente algo hicieron mal, el sistema se equivocó de nuevo y terminó arrojando a otro menor a las drogas, a la violencia y peor que eso, convirtió a un niño en asesino.

Las imágenes del pequeño sicario son perturbadoras, a sus 14 años, Edgar torturaba, asesinaba a sangre fría a quien le ordenara el Cartel para el que trabajó hasta que fue detenido por autoridades mexicanas.

Tres años después de su captura, el niño sicario fue liberado y llevado a Estados Unidos para su protección, ante los riesgos de que sufra un atentado de sus enemigos o de los mismos que lo reclutaron a tan temprana edad.

Con tan conmovedora historia, ahora dicen los gobiernos de Estados Unidos y de México que según el perfil criminal del muchacho que hoy tiene 17 años, ya no tiene remedio, que es un sociópata y no va a cambiar.

Así, como si no tuvieran responsabilidad en la conducta del joven, lo dan por perdido y se disponen seguramente a archivar el expediente, esperando que El Ponchis vuelva a matar o que termine asesinado.

Este caso debiera servir a autoridades de los tres niveles de gobierno, no sólo de Sonora, sino del país, para mejorar el sistema de atención y seguimiento a casos de violencia, de omisión de cuidados por parte de padres de familia.

Ya mucho se ha cuestionado la desatención a casos preocupantes en los que los niños no son rescatados de un entorno violento porque las trabajadoras sociales no hacen su trabajo.

 

Es tiempo de reflexionar, de salvar a los menores que hoy sufren antes de que la historia del Ponchis se repita, antes de que los niños terminen cambiando los juguetes por las balas.

 

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