EDITORIAL

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Para vergüenza de autoridades de salud, la muerte del indigente en el patio del Hospital General de Guaymas unió a la comunidad de este puerto en contra de las políticas insensibles en los gobiernos.

El caso que conmovió al país retrata las formas infrahumanas de tratar a las personas en los espacios en donde, se supone, se salvan vidas, en donde hay miles de soldados  de la salud, cuya vocación los obliga a prestar atención sin importar credo, estatus o sexo.

 

Ah, pero en México, el país en el que se gastan miles de millones en seguridad social, no basta con estar enfermo para ameritar la atención de los doctores, primero hay que acreditar que existes con una identificación con foto.

Luego, hay que demostrar que se tiene el derecho de gozar del servicio de la institución en turno, como si el acceso a servicios médicos no estuviese dentro de las garantías individuales de los mexicanos.

Y hay de aquel que no cuente con seguridad social, porque entonces estará en graves problemas si enfrenta una emergencia en algún momento, porque ese tipo de situaciones solo se pueden superar si se tiene dinero.

Así es, en Sonora en lo particular y en general en todo el país, los pobres, los marginados, no tienen derecho a gozar de servicio médico, no tienen derecho a enfermarse.

Si lo hacen estarán condenados a morir peor que animales, tirados en un patio, justo a unos metros de los flamantes médicos que pelean por turnos extras y se van al casino en su jornada.

El caso, no solo exhibe a los doctores, sino a enfermeros y enfermeras, personal administrativo, de urgencias y todo a aquellas personas que, laborando en una institución de salud, prefirieron no voltear a ver al indigente que permaneció afuera del Hospital General durante cinco días.

Principalmente, la muerte del hombre exhibe a la Dirección General del Hospital, aún cuando la atención directa depende del personal, la responsabilidad descansa siempre en el mando más alto.

Pero, como todo en este país, no va a ocurrir nada, salvo el repudio de los ciudadanos hacia las autoridades de salud, porque no hay quien vea por el pobre varón que está condenado a ir a la fosa común sin que nadie reaccione ante la negligencia.

Así, el municipio, el estado y el país siguen envueltos en una serie de obstáculos que limitan la prestación de un servicio de calidad, con todo y millones de pesos invertidos en la supuesta modernización de clínicas y hospitales.

 

Porque, para maldita cosa sirve un edificio bonito, si quienes están dentro prefieren ver morir a la gente a prestar un servicio digno.

 

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