Procesan a ex subsecretario de Sedatu

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En el caso de la Estafa Maestra, anoche un juez federal vinculó a proceso a Enrique G.T., ex subsecretario de la Sedatu, por presuntamente suscribir ilegalmente un contrato mediante el que se desviaron más de 185 millones de pesos a través de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) de Hidalgo.
El ex número dos de Rosario Robles estuvo muy cerca de terminar esta noche en la cárcel, pues la Fiscalía General de la República pidió que le impusieran la prisión preventiva justificada por el posible riesgo de fuga, pero el juez de la causa rechazó dicha medida cautelar.
En una audiencia por videoconferencia de más de 8 horas, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resolvió que existen los datos de prueba suficientes para vincular a proceso al ex funcionario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Al mismo tiempo, estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, periodo en que tanto la defensa como la FGR reunirán sus datos de prueba.
El de anoche es un proceso que fue iniciado, tomando en cuenta, entre otros datos de prueba, la declaración que rindió el 19 de octubre de 2020 el ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, Emilio Zebadúa, quien busca convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía.
Antes de ser vinculado a proceso, Enrique G.T. tomó la palabra y manifestó al juez que él denunció desde 2017 que su firma había sido falsificada en el convenio que le imputan y, sin embargo, la FGR reviró la responsabilidad en su contra, acusándolo de falsedad en declaración con un peritaje que sostenía que sí era su rúbrica la plasmada en este documento.
«De denunciante pasé a imputado, esto deriva de mi denuncia, lo digo de cara ante usted, le señalo que la impunidad no puede ser dueña de la realidad de nuestro País», expresó el ex subsecretario.

En lugar de la prisión preventiva, Fuerte Tapia decidió imponerle tres obligaciones: acudir a firmar los días 1 y 15 de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares; la prohibición de salir del País sin autorización judicial y entregar su pasaporte al centro de justicia.

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