Exigen guardias de seguridad acabar con privilegios

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Un grupo de trabajadores del Sindicato de Guardias de Sonora acudieron a Palacio de Gobierno donde solicitaron por escrito una audiencia con el gobernador Alfonso Durazo, y conformar mesas de trabajo para abordar el tema de la Ley de seguridad privada que regula las empresas de este giro.

El secretario general del sindicato, Claudio Huidobro Cárdenas, dijo que buscan un acercamiento con las autoridades estatales para entre todos poner orden y se cumpla el reglamento aprobado en mayo del 2019, para eliminar los privilegios que tienen ex funcionarios públicos dueños de algunas compañías de este tipo, y garantizar los derechos laborales de los guardias de seguridad, y que hasta ahora es letra muerta.

“Hace cuatro años que se aprobó esta ley que hasta hoy es letra muerta, se empeñaron funcionarios del anterior gobierno en no aplicarla, porque esta ley claramente dice que un funcionario público no puede ser dueño de una empresa ni sus parientesen cuarto grado ascendente, descendente y colateral para no generar conflicto de intereses, pero fue el negocio del sexenio”, expuso.

De tal suerte que toda la obra pública la estuvieron acaparando a modo, negándole a tiempo los permisos a las demás compañías, favoreciendo a las empresas de los funcionarios, como el caso de Argus, Fasa, Sisps, Shalom,Cassa, entre otras.

Huidobro Cárdenas refirió que está ley sigue causando estragos, porque al no aplicarse sigue habiendo anarquía, y está próximo la renovación de los permisos en diciembre próximo, por lo que están solicitando al Gobierno del Estado, una mesa de trabajo para comenzar con la aplicación de este reglamento y poner orden a esta actividad.

Además de la conformación de un consejo técnico, como establece está Ley, integrado por representantes de trabajadores, empresas del ramo, clientes, usuarios, y dependencias de gobierno como Junta de Gobierno, IMSS e Infonavit, qué se encarga de revisar los permisos de revalidación de contratos, sanciones, estrategias de capacitación, y se dé cumplimiento a la ley, para que no se violenten las prestaciones sociales.

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