Inicia periodo ordinario en el Congreso

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Con la lectura de las  agendas  que impulsarán cada grupo parlamentario ayer inició el primer período de la sesión ordinaria del tercer año del ejercicio constitucional  de la LXII Legislatura del Congreso del Estado.

Momentos antes de que cada representante de las fracciones parlamentarias diera su posicionamiento en los temas que trabajarán en este período legislativo y el cual culminará en el mes de diciembre, se nombró la mesa directiva con la propuesta presentada por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP).

Durante el mes de septiembre, la mesa directiva será presidida por el diputado de Morena Luis Armando Colosio Muñoz, como vicepresidente fungirá el diputado por Morena Miguel Ángel Chaira Ortiz y como secretarios estarán Marcia Lorena Camarena Moncada por el partido Encuentro Social, María Dolores del Río Sánchez por Movimiento Ciudadano y  Filemón Ortega Quintos por el Partido del Trabajo.

El diputado por Nueva Alianza, Francisco Duarte Flores, presentó el informe de actividades durante el período que estuvo como presidente de la Diputación Permanente.

Informó que, aun con la situación de contingencia por la pandemia de COVID-19 y con todas las medidas de seguridad, llevaron a cabo once sesiones y una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso, con la finalidad de dar cumplimiento a las atribuciones constitucionales y legales que le competen, por lo que se aprobaron dos nuevas leyes: de Archivos y para la protección del personal sanitario en el Estado de Sonora; tres decretos y 24 acuerdos.

Se llevaron a cabo 30 reuniones de comisiones dictaminadoras, y en relación a los asuntos de carácter legal en los que el Congreso del Estado se encuentra señalado como autoridad responsable, durante el segundo periodo extraordinario se rindieron tres informes ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y 68 informes ante distintos juzgados de Distrito, dijo Duarte Flores.

Cada fracción parlamentaria s e comprometió a impulsar los temas que son demandados por los ciudadanos sonorenses para crear mejores condiciones de vida, fortalecer un estado de derecho, dar certidumbre  a familias que claman por justicia objetiva e imparcial.

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