Aprueban dictámenes de cuenta pública estatal y de municipios

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La propuesta que será presentada hoy al Pleno contempla reprobar las cuentas de 31 municipios y aprobar 41

La Comisión de Fiscalización presentó ante el Pleno del Congreso el informe de resultados de la cuenta de la hacienda pública estatal y municipales, del ejercicio fiscal 2018 que aprueba la del Estado y de 41 Ayuntamientos, por lo que a 31 de éstos las reprobaron.

Se aprobaron las cuentas públicas de los ayuntamientos de Huépac, Granados, Benito Juárez, Cucurpe, Álamos, Cajeme, Banámichi, Tepache, Navojoa, San Miguel de Horcasitas, Caborca, Bacerac, Bavispe, Etchojoa, Santa Ana, San Javier, Villa Hidalgo, Átil, Rayón, Huásabas, Hermosillo, Rosario, Tubutama, Trincheras y Santa Cruz.

Además, Moctezuma, Magdalena, Baviácora, Mazatán, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Bacoachi, Agua Prieta, Pitiquito, Altar, Nogales, San Pedro de la Cueva, Huachinera, Ímuris, Suaqui Grande y Arizpe.

En contraparte no se aprueban las de 31 municipios: Cumpas, Quiriego, Naco, Yécora, Huatabampo, Sáric, Ures, La Colorada, Bácum, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Villa Pesqueira, San Ignacio Río Muerto, Opodepe, Benjamín Hill, San Felipe de Jesús, Nácori Chico, Bacadéhuachi, Guaymas, Soyopa, Aconchi, Oquitoa, Nacozari de García, Cananea, Divisaderos, Sahuaripa, Empalme, Bacanora, Arivechi, Carbó y Ónavas.

Por otro lado, la cuenta pública estatal incluyó 96 sujetos fiscalizables del Gobierno del Estado, donde se determinaron mil 397 observaciones solventadas por el Poder Ejecutivo, 167 están en proceso de análisis y 45 por atender.

El Poder Legislativo, por su parte, solventó las 17 observaciones que le hizo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; el Poder Judicial un total de doce; 128 de los organismos autónomos, de las cuales 88 se encuentran solventadas y 38 están en proceso de análisis, mientras que de los 72 entes fiscalizables relacionados con los sindicatos y asociaciones civiles, se determinaron 22 observaciones, ocho de éstas ya solventadas y ocho en proceso.

El ISAF destaca en su informe que se incluyó, como parte de los objetivos de la fiscalización, verificar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización con cargo a las partidas presupuestales correspondientes se aplicaron legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas aprobados, así como que los contratos de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios se hubieren celebrado con apego a la legalidad.

 

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