Provocan caos concesionarios de transporte urbano

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Carmen Chávez Mada

Exigen a las autoridades estatales les devuelvan sus concesiones y el pago de mensualidades adeudadas desde que el Gobierno del Estado requisó 200 unidades

Transportistas del servicio urbano en Hermosillo ocasionaron ayer un caos de tránsito vial al cerrar temporalmente la calle Pino Suárez, en el cruce con Manuel Z. Cubillas y Rosales, para exigir a las autoridades estatales les devuelvan sus concesiones y el pago de mensualidades adeudadas desde que el Gobierno del Estado requisó 200 unidades.

Luego de varios días de manifestarse frente al Palacio de Gobierno y no tener ninguna resolución a sus demandas, los concesionarios optaron por paralizar el tránsito en uno de los puntos más aglomerados de la Ciudad, al estar una unidad médica del IMSS, una escuela secundaria y prácticamente la entrada al área cívica de la Ciudad.

Los concesionarios argumentaron estar desesperados porque desde hace tres meses no tienen ningún ingreso, y además no saben qué pasará con las unidades que son de su propiedad.

“Queremos que la señora gobernadora nos dé una cita para hablar con ella, para ver cómo vamos a quedar los concesionarios, si vamos a participar en el proyecto que ella tiene. Nosotros tenemos la propuesta que nos dé la oportunidad de trabajar las concesiones, a través de sociedades por ruta”, comentó Octavio Romano Flores, concesionario.

Con este esquema se tendría mayor control en el transporte y se brindaría un mejor servicio al usuario, por ello se quiere hablar directamente con la gobernadora de Sonora, apuntó Romano Flores.

Al ejemplificar el esquema, el concesionario dijo que cada ruta sería operada por 20 concesionarios a través de una sociedad, lo que significa que habría 19 sociedades constituidas.

“Desde la requisa para acá no nos pagan la rentabilidad por concepto de rutas, son variados los adeudos porque hay mensualidades de 15, 20, 26 mil pesos”, añadió

David Jaureguy  Duarte, con 35 años como concesionario, comentó que en Hermosillo son aproximadamente 450 transportistas que resultaron afectados con la requisa, tomando así el Gobierno del Estado el control en la operación del servicio público.

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