Van por municipalización del transporte

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El Gobierno del Estado envió una iniciativa de reforma a la Ley General del Transporte al Congreso del Estado, para que el transporte público urbano y los taxis colectivos pasen a ser responsabilidad de los municipios.

En rueda de prensa, el titular de la Dirección General del Transporte (DGT), Carlos Morales Buelna, afirmó que la nueva normatividad tiene como objetivo dar atribuciones y facultades necesarias a los municipios para normar, coordinar, aprobar y diseñar el programa de operación del servicio transporte urbano y taxi colectivo así como vigilar, fiscalizar y sancionar cuando la prestación de este servicio este fuera de la ley.
Así mismo emitirán su opinión sobre la determinación y modificación de las tarifas de los servicios públicos de transporte urbano, masivo y alquiler colectivo que se presten dentro de su demarcación territorial.

Además vigilarán que los concesionarios cumplan con las condiciones de legalidad, comodidad y seguridad que correspondan a la categoría del servicio, de acuerdo con los términos de su concesión y podrán y en su caso fijar plazo razonable, para que se mejoren estas condiciones
Podrán suspender la circulación de las unidades autorizadas cuando no reúnan las condiciones mínimas de comodidad, seguridad, higiene o vida útil que se requieran para la prestación del servicio público de transporte.
Puntualizó que los servicios de transporte suburbano, de carga, escolar, taxis de sitio, transporte especializado de personal, entre otros, que por su naturaleza y necesidad de operación no tiene una demarcación geográfica en un sólo municipio, seguirán siendo regulados por el Gobierno del Estado.

Explicó que derivado de esto desaparecerían la DGT, el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot) y el Consejo Ciudadano del Transporte (CCT), los cuales serán sustituidos por consejos municipales del transporte, integrados por ciudadanos.

Esos ciudadanos, serían los encargados de fijar las tarifas del transporte urbano, es decir, camiones y taxis colectivos, pero la forma de hacerlo también sería estandarizada en el Congreso del Estado.

“Consideramos que es necesaria una participación más activa de los municipios; el Estado ha sido sensible en las necesidades de los usuarios y pensando siempre en ellos ha invertido recursos en estos tres años de Gobierno, para satisfacer sus necesidades”, aseveró.

Detalló que después de legislarla se tendrían 90 días para tener la estructura orgánica y reglamentar la responsabilidad de los ayuntamientos, por lo que en lo que eso sucede el Estado continuará con la responsabilidad.

Apuntó que han recibido múltiples propuestas de municipalización de actuales gobiernos locales, sin embargo, tocarán a los presidentes municipales electos atender estas disposiciones, aunque la DGT no ha hablado con ninguno.

En cuanto a si continuarían los mismos concesionarios que hay en la actualidad, dijo  que habrá renovación de concesiones para lo cual se les dio un lapso de 90 días, lo cual les servirá también para depurar el Registro Público del Transporte.

“Las concesiones son públicas, se prevé que en esta ley exista algo así como reglamentación en concesiones, se van a tener que renovar las concesiones para saber exactamente cuántas existen y qué tipo de concesión existe”, argumentó.

Puntualizó que el presupuesto asignado para el transporte público urbano concluye el 31 de diciembre, mismo que es el de Femot para los subsidios de los pasajes gratuitos para estudiantes, el cual va a seguir hasta que el nuevo Congreso defina otra cosa.

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