Acusan desaparición de 151 activistas

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Organizaciones sociales documentaron que en los últimos dos sexenios 151 luchadores sociales o defensores de derechos humanos fueron víctimas de desaparición forzada por parte del Estado mexicano.

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz son las entidades que reportan el mayor número de casos, donde la constante es la falta de investigación y que los hechos quedan en la impunidad.
Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, afirmó que en el 60 por ciento de los expedientes registrados las desapariciones forzadas van dirigidas a descabezar una organización.
“Se ha utilizado la desaparición forzada como un mecanismo de control social para generar miedo e incertidumbre en la población. Un ejemplo es en Veracruz, donde la Policía Estatal cometió desapariciones forzadas en la propia academia de policías”, dijo en conferencia de prensa.
Explicó que se considera desaparición forzada cuando la víctima fue arrestada de manera legal o ilegal.
Además, la detención la realizaron funcionarios del Estado, ya sea directamente por medio de policías locales o militares o de manera indirecta por medio de particulares, como es el caso de paramilitares.
Enfatizó que otra de las características es cuando el Estado mexicano niega la detención y el lugar donde se encuentra el desaparecido.
El activista llamó a los candidatos a la Presidencia de la República pronunciarse por la erradicación de la desaparición forzada como una política de Estado.
Lo anterior, opinó, implicaría someter a juicio a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición de activistas.
En entrevista, criticó los pocos alcances que tiene la Ley General sobre Desaparición de Personas porque, enfatizó, no cumple con los estándares internacionales.
Reprochó que el Sistema Nacional de Búsqueda es ineficiente y no tiene una policía investigadora propia, tampoco cuenta con recursos suficientes para indagar en cuarteles militares y cuarteles de policías.
Además, no se creó un instituto nacional autónomo forense, en el que los familiares puedan confiar que sus datos genéticos son bien resguardados y serán bien comparados.
“En toda la ley, el Estado está más enfocado a la desaparición en manos de particulares como una forma de eludir su responsabilidad y decir que los responsables de las desapariciones es el narcotráfico y una organización y no el Estado”.

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