Aprueban diputados reformas legales

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Endurecieron penas al delito de abigeato y también facilitarán que las sucesiones testamentarias se realicen de forma más ágil

Bajo la premisa de que todo Estado aspira a actuar con justicia pronta y expedita, la LXI Legislatura reformó los códigos de Procedimientos Civiles y el Penal para el Estado de Sonora, mediante decretos que posibilitarán que las sucesiones testamentarias se realicen de manera ágil, y se incrementen las penalidades a quienes incurran en el delito de abigeato, respectivamente.

En el primero de los casos se trata del dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, con base a una iniciativa presentada el pasado 8 de enero por la titular del Poder Ejecutivo estatal.

De acuerdo a la exposición de motivos del proyecto al que dio lectura el diputado Omar Alberto Guillén Partida, la gobernadora del Estado sustentó su propuesta en la necesidad de que las sucesiones testamentarias e intestamentarias puedan ser tramitadas, desde su inicio, ante Notario Público, para de esta manera lograr una tramitación ágil y expedita, lo que posibilitará reducir la gran carga de trabajo que para los tribunales Civiles y Familiares del Estado representan este tipo de juicios.

Por su parte la dictaminadora dio a conocer que, de la revisión y análisis realizado al proyecto, se advierte que también constituye una estrategia legislativa para eficientar y agilizar la impartición de justicia por parte de los juzgados del Estado, en específico los Familiares, los cuales cuentan con muchos juicios pendientes de resolver dado el gran volumen de trabajo que tienen.

El Decreto reforma los artículos 768, 829, 832 y 833, y deroga los artículos 830 y 831, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, en tanto el segundo Decreto aprobado reforma los artículos 312, párrafos primero y segundo; 312 BIS y 313, párrafo primero, todos del Código Penal para el Estado de Sonora.

Este último proyecto,  que se fundamenta en una iniciativa presentada por los diputados Rodrigo Acuña Arredondo, Rafael Buelna Clark y Fermín Trujillo Fuentes, establece el aumento de las sanciones, de seis a 15 años de prisión y multa de 200 a 450 Unidades de Medida y Actualización, a quienes incurran en el delito de abigeato.

Actualmente el Código Penal impone a los infractores una pena de cuatro a diez años de prisión, y multa de 40 a 300 Unidades de Medida y Actualización, para lo cual la Comisión de Justicia y Derechos Humanos verificó un comparativo presentado por los promoventes, para llegar a la conclusión de que las penas de la Ley sustantiva están muy por debajo de la media que sanciona el delito de abigeato en otros estados que practican la actividad ganadera, como lo son Veracruz, Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Tabasco.

 

Exhortan a garantizar derecho humano de acceso a la salud

En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Acuerdo por el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar a diversas autoridades del Estado y de la Federación, para garantizar el derecho humano de acceso a la salud en beneficio de los habitantes de las poblaciones rurales del Estado, ya que de acuerdo al Consejo Estatal de Población (Coespo), mueren, proporcionalmente, más mujeres y hombres en la región Centro y Sierra, que en el resto del Estado.

A nombre propio y de la diputada Teresa María Olivares Ochoa, el diputado Fermín Trujillo Fuentes expuso que de los 72 municipios, 50 son considerados rurales, lo que habla del enorme reto que se tiene en materia de provisión de servicios, ya que sin excepción, en todos se encuentra la misma inequidad en la facilidad a su acceso oportuno y permanente.

Agregó que debido a la extensión territorial del Estado, ha sido necesario construir las jurisdicciones sanitarias, las que tienen por objeto planear, coordinar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de atención médica y de salud pública a toda la población del Estado.

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