EDITORIAL

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Con el tiempo en contra, los diputados de este país se disponen a votar las leyes secundarias de la reforma político-electoral bajo la responsabilidad de aprobarlas antes del día último de este mes, si se quiere que se apliquen en la elección del próximo año.

Como si no hubiera suficientes leyes para intentar amarrarle la mano a los corruptos,  esta nueva normatividad busca configurar un nuevo modelo electoral sustentado en la creación de una ley general de partidos políticos que regula, entre otros aspectos, los derechos y obligaciones de los militantes, y establece un sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos y de sus candidatos.

 

Ese apartado se escucha muy bonito, pero falta ver de qué forma pretenden los diputados que sus compañeros de partido rindan cuentas, cuando existen mil y una formas de evadir las obligaciones de transparencia.

Así se ha demostrado en los últimos años, con señalamientos de todos contra todos, desde el PRI que siempre es el que más denuncias acumula, hasta los partidos llamados “morralla”, que han aprendido bien a usar recursos sin reportarlos al órgano electoral.

Y con la misma reforma político – electoral, los legisladores quieren que se hagan obligatorios los debates, además de vigilar las encuestas y garantizar la paridad de género en las candidaturas; encima, pretenden hacer otra ley general en materia de delitos electorales.

Ese montón de Leyes las votarán para darles a los ciudadanos mayor certeza en el valor del voto y, con ello, ofrecer elecciones supuestamente justas, transparentes en el origen y destino de los recursos públicos destinados a los partidos.

Olvidan los diputados que esos puntos ya vienen considerados en las garantías individuales plasmadas en la Constitución porque, que se sepa, no existe ningún militante, ningún candidato, ningún partido, que tenga permiso para eludir la Carta Magna y las leyes que de ella derivan.

En todas las normas electorales de los estados, incluyendo Sonora, se pondera la exhaustiva revisión de los gastos y, hasta el sol de hoy, sigue siendo delito federal hacer mal uso de los recursos y rebasar los topes de campañas.

El fraude ya es delito, el engaño ya es inmoral, la compra de votos no está permitida ni el acarreo es bien visto, pero, aún así, no hay proyecto político que no haya transitado por esas malas formas en su afán por llegar al poder.

Por eso, las nuevas reformas resultas ociosas mientras sean ejercidas por los mismos rostros del pasado y los mismos partidos que han demostrado su proclividad a evadir la Ley.

Valdría más que los diputados se concentraran en dejar que los ciudadanos decidan, bajo el principio básico constitucional que concede derecho a votar y ser votado.

 

Así, sin más reformas, con libertad y responsabilidad, porque para que la democracia sea tal, solo se requiere de escuchar y respetar la decisión de un pueblo que, desde hace rato, está exigiendo menos leyes y más transparencia.

 

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