EDITORIAL

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Una bola de aviadores y plazas “fantasmas” en todo el país exhibió el censo aplicado a escuelas y maestros de educación básica por parte del Inegi, en medio del escándalo por los privilegios concedidos al sindicato de docentes.

En la revisión que se realizó de manera presencial en cada uno de los planteles de la República Mexicana se detectó que además de los 39 mil docentes fantasma, otros 138 mil 485 personas tienen tres o más plazas, lo cual podría ser normal si esos puestos son por pocas horas, pues si fueran de tiempo completo, sería  humanamente imposible que una sola persona pudiera trabajar en un solo día en tres plazas.

 

Otro de los datos irregulares que muestra el censo y que fueron hallados por los integrantes de la iniciativa Ojo Ciudadano, son los 23 mil 540 personas que laboran en tres o más centros de trabajo, lo cual también es una incongruencia, ya que tan sólo para trasladarse sería muy complicado que una persona esté en tres diferentes lugares al mismo tiempo.

 Estos datos son una burla para el país, representan una gran vergüenza nacional, porque habla de un sistema sumamente corrupto, de un desorden y de un acaparamiento de plazas injusto, porque hay maestros que sí dan clases y no cuentan con plaza, solo porque no son afines al líder sindical en turno.

Tan grave es lo exhibido por el Inegi que diversas organizaciones civiles que realizaron un análisis de esa estadística informaron que en México, “por cada dos plazas docentes frente a grupo hay una plaza administrativa o “fantasma” ocupada por gente que no da clases.

Son los llamados “comisionados”, que ganan sueldazos, reciben muchas horas y se dedican, dicen ellos, a realizar encomiendas del gremio.

Lo malo es que eso no le abona nada a la educación de un país donde hay escuelas sin mesabancos, sin pizarrones y sin maestros.

Por eso, los resultados del censo son un paso muy importante hacia la transparencia y la rendición de cuentas en la educación en México.

No obstante, es un esfuerzo que puede ser inútil si sus resultados no se traducen en mejores políticas públicas, si no se corrige el modo en que se gasta y si no se refleja en un mejor aprendizaje de los niños.

 

De ahí que, después de hacerse pública la lista de docentes “comisionados” y de personas que cobran sin trabajar, lo menos que se espera es que dejen de cobrar a partir de la siguiente quincena, que sean despedidos de inmediato, o bien, que regresen a las aulas a desquitar el jugoso salario que le arrancan al presupuesto que debiera dirigirse a la educación de nuestros niños, no a mantener gente inútil.

 

 

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